Con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), Derecho a Morir Dignamente–Duintasunez Hiltzeko Eskubidea de Euskadi (DMD-DHE Euskadi) ha realizado una valoración del informe anual de la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi correspondiente a 2025.
La asociación reconoce que la aplicación de la ley continúa avanzando y que cada vez más personas pueden ejercer su derecho a decidir sobre el final de su vida. Sin embargo, considera que persisten importantes barreras que impiden un acceso plenamente igualitario y efectivo a esta prestación sanitaria.
Según los datos del informe realizado por la Comisión de Garantías y Evaluación de Euskadi, en 2025 se registraron 137 solicitudes de eutanasia, frente a las 126 del año anterior. Asimismo, aumentó significativamente el número de expedientes que llegaron a la Comisión para su evaluación, pasando de 74 a 120 casos. También se redujo el porcentaje de personas que fallecieron durante la tramitación de su solicitud y se incrementó el número de eutanasias realizadas, que ascendió a 78.
Para DMD-DHE Euskadi, estos datos reflejan una evolución positiva de la ley y una mejora en la gestión de los procedimientos. No obstante, la asociación considera que las cifras siguen siendo inferiores a las observadas en otros países con una trayectoria más consolidada en materia de eutanasia, lo que evidencia la necesidad de reforzar la información dirigida a la ciudadanía y la formación de los y las profesionales sanitarias.
La asociación valora especialmente la mejora de los tiempos de resolución y el creciente papel de la atención primaria en el acompañamiento de las personas solicitantes. Sin embargo, subraya que continúan existiendo dificultades para localizar profesionales responsables que puedan iniciar el procedimiento, una situación que puede provocar retrasos innecesarios y prolongar el sufrimiento de quienes solicitan la prestación.
DMD-DHE Euskadi muestra también su preocupación por las diferencias existentes entre los territorios históricos. La brecha observada en Bizkaia respecto a Araba y Gipuzkoa, tanto en número de solicitudes como en eutanasias realizadas, continúa aumentando año tras año. Por ello, la asociación reclama un análisis detallado de los factores organizativos y formativos que puedan estar influyendo en estas desigualdades.
Entre las causas que explican las carencias detectadas, la organización señala la persistencia de prejuicios culturales e ideológicos sobre el derecho a decidir sobre la propia vida, la insuficiente formación de parte del personal sanitario, la escasa implicación institucional en la difusión de los derechos al final de la vida y el mantenimiento del tabú social en torno a la muerte.
Para avanzar hacia una aplicación más efectiva de la ley, DMD-DHE Euskadi propone habilitar una vía adicional para presentar solicitudes de eutanasia, accesible desde todos los centros de salud, establecer mecanismos de apoyo para las personas cuyas solicitudes sean denegadas y crear un Observatorio de la Muerte de Euskadi que permita analizar y mejorar las condiciones en las que se ejerce el derecho a una muerte digna.
La asociación recuerda además que todavía existen personas que padecen sufrimientos insoportables y que quedan fuera de los supuestos contemplados por la legislación actual, como las y los menores en situaciones graves e irreversibles, o quienes, aun no estando en los supuestos que contempla la ley, consideran que su vida ya no tiene sentido. La asociación hace una mención especial a las personas con enfermedad mental que siguen sufriendo estigma cuando solicitan la eutanasia y reitera su compromiso con la ampliación de derechos y con la eliminación de cualquier forma de discriminación en el acceso a la ayuda para morir.
Finalmente, DMD-DHE Euskadi expresa su solidaridad con las personas fallecidas y sus familias, especialmente con aquellas que no pudieron ejercer este derecho en las condiciones que hubieran deseado, y reitera su disposición a ofrecer información y asesoramiento a la ciudadanía sobre los derechos al final de la vida.