En Euskadi, además del derecho a otorgar las voluntades anticipadas y de acceder a la eutanasia, se garantizan otros derechos, como:
En concreto, otros derechos aplicables también al final de la vida contemplan:
- Derecho a la información clínica y al consentimiento informado
- Derecho a rechazar tratamientos
- La revocación del consentimiento informado dado con anterioridad, rehusando una intervención en particular
- Derecho a la adecuación del esfuerzo terapéutico, evitando la aplicación de medidas de soporte vital cuando resultan fútiles o desproporcionadas
- Derecho de las personas a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar dónde desean recibirlos (en un hospital o en el domicilio)
- Derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad en el final de la vida
La legislación también incluye las obligaciones de las personas profesionales del ámbito de la sanidad que dan asistencia en el proceso del final de la vida para cada uno de los derechos anteriores y un régimen sancionador para los posibles casos de incumplimiento de esas obligaciones por parte de los profesionales sanitarios.
Leyes y decretos que los regulan
- Ley 41/2002 estatal, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22188-consolidado.pdf
- Ley 11/2016 del Parlamento Vasco, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida. https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016003138
Preguntas y respuestas
Es el derecho que asiste a toda persona que presenta alguna patología a recibir información sobre el diagnóstico, prueba o tratamiento que se le propone, para que le
ayude a tomar decisiones, de acuerdo con su libre voluntad. La información será veraz, comprensible y adecuada a sus necesidades.
El personal médico tiene, pues, la obligación de facilitar toda la información posible y de responder de manera comprensible. Se trata, siempre, de ayudar a la toma de decisiones.
Este derecho es también aplicable a todas las cuestiones relacionadas con el final de vida.
Significa que, una vez cumplidos los 18 años, a salvo de las excepciones de emancipación o de situaciones protegidas por derechos forales, se nos reconoce capacidad para decidir en exclusiva sobre aspectos de nuestra salud.
Sí, es posible, siempre que se haga de forma libre y voluntaria. Toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad, también a no ser informada. En este caso, salvo que la persona indique lo contrario, la información sobre la atención que se aplicará en el final de vida se dará a sus personas allegadas si las hubiera, y esta circunstancia se dejará reflejada en la historia clínica.
¿Qué ocurre si la persona enferma no tiene capacidad de hecho o consciencia para comprender la información clínica o para tomar decisiones?
En ese caso, quienes recibirán la información y tendrán la responsabilidad de tomar decisiones en su lugar, serán las personas que haya designado como representantes en el DVA (Documento de Voluntades Anticipadas).
En caso de que no haya realizado el DVA, serán por este orden:
- Quien ostente su representación legal.
- El cónyuge o la pareja unida con la persona enferma de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que viniera conviviendo con ella o que no hubiera iniciado un proceso de separación o divorcio.
- Los familiares de grado más cercano, y, dentro del mismo grado, el de mayor edad. d. En última instancia, quienes decidan las autoridades judiciales.
En este caso se tendrá en cuenta lo establecido en la sentencia sobre los límites de la capacidad de actuar de la persona. Si en la sentencia no se menciona nada sobre este tema, el personal médico tendrá que valorar si la persona enferma está capacitada o no para tomar decisiones sobre su salud. Si decide que no está capacitada, la responsabilidad recaerá en las mismas personas y orden que en el punto anterior.
Los menores de edad tienen los siguientes derechos:
- Derecho a recibir información sobre su estado de salud y tratamientos, de forma adaptada a su edad, madurez o desarrollo mental.
- Derecho a contar, en momentos de tensión, con sus personas más cercanas, para lo cual dispondrán de los medios adecuados
- Derecho a la adecuación del esfuerzo terapéutico y a la aplicación de cuidados paliativos.
Nota: los menores no tienen derecho a solicitar la eutanasia; este derecho solo se reconoce a las personas mayores de 18 años.
Como norma general, no.
Las decisiones sobre actuaciones sanitarias que afecten a menores de edad hasta los 16 años, deben tomarlas quienes tengan la patria potestad o la tutela, tras haber recibido la información necesaria. Si se diera el caso de que los padres/madres estuvieran separados o divorciados, para la toma de decisiones de especial importancia, como lo son las relacionadas con el final de la vida, será necesario obtener el consentimiento informado de ambas personas.
A los niños y niñas menores de 12 años, se les debe explicar su situación y se les debe escuchar. A quienes están entre los 12 y los 16 años, hay que informarles, escucharlos y contar con su opinión si tienen madurez suficiente, pero no pueden tomar decisiones.
Una vez cumplidos los 16 años se les debe informar y, además, tienen autonomía para decidir. Es lo que se conoce como mayoría de edad sanitaria. Existe una excepción a este concepto: en el caso de grave riesgo para la salud del menor de más de 16 años; en este caso, tomarán las decisiones quienes tengan la patria potestad o la tutela.
Por otro lado, la ley dice que las decisiones sobre la salud de una persona menor de edad deben adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para su vida o salud. Tal es así que, si la decisión adoptada por sus representantes se entiende contraria a este principio, el personal médico debe comunicarlo a la autoridad judicial para que decida qué se debe hacer. Y si el caso fuera de urgencia, el personal sanitario podría adoptar las medidas que creyera necesarias para salvaguardar la vida y la salud de la persona menor de edad.
Es el permiso que debemos dar para que puedan realizarnos cualquier actuación sanitaria. La información que recibe el paciente ante cualquier actuación sanitaria debe ser siempre verbal, adecuada y comprensible; el consentimiento de la persona que es atendida, en la mayoría de las actuaciones del ámbito sanitario puede ser solo verbal, o incluso física (si se presta el brazo para una extracción sanguínea, por ejemplo). Sin embargo, el consentimiento debe constar necesariamente por escrito en el caso de
intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos/terapéuticos invasivos y para los que producen riesgos o inconvenientes que afectan de forma negativa a la salud. En estos casos, la conformidad se concreta mediante la firma sobre un documento o fichero que contiene información equivalente a la transmitida verbalmente.
Cualquier persona enferma con un pronóstico de gravedad -o sus representantes en caso de incapacidad – ante una posible prueba diagnóstica, un tratamiento o una intervención, extraordinario o no, debería plantear al personal médico al menos estas preguntas:
- ¿Cuál es el objetivo que se pretende?
- ¿Durante cuánto tiempo se aplicará el tratamiento?
- ¿Hay posibilidades reales de mejoría?
- ¿Cuál es el pronóstico de vida?
- ¿Qué sufrimiento o incomodidad supondrá ese tratamiento?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios?
En relación con la intimidad, los derechos que tiene toda persona en el final de su vida son:
- Derecho a contactar con su representante u otros familiares o allegados, para lo cual dispondrá de los medios adecuados.
- Derecho a estar acompañada por las personas que desee el máximo tiempo posible, salvo en momentos puntuales de aplicación de un tratamiento.
- La ley también establece que a las personas que deban ser atendidas en régimen de hospitalización se les procurará facilitar (que no garantizar) una habitación de uso individual.
Los derechos que asisten a una persona en sus últimos momentos, esté atendida en un hospital o en una residencia, son los mismos.
La ley indica que las organizaciones sanitarias y los centros e instituciones sociosanitarias procurarán facilitar los medios pertinentes para que los familiares o allegados y quienes cuidan de la persona que se encuentra en el proceso del final de su vida puedan recibir, tanto en el domicilio de la persona enferma como en los centros sanitarios o de servicios sociales, ayuda específica y apoyo para la persona que se encuentra en el proceso del final de su vida.
La ley establece que, centros e instituciones competentes procurarán facilitar una habitación individual a las personas que, encontrándose en el proceso del final de su vida, han de recibir asistencia en régimen de hospitalización, a fin de garantizar la comodidad e intimidad requeridas por su estado de salud. También indica que, junto a la persona enferma, podrá permanecer el máximo tiempo posible un familiar o una persona allegada.
Cualquier dato sanitario y, por supuesto, los referidos al final de vida están especialmente protegidos por el derecho a la confidencialidad. Esto quiere decir que nuestros datos sanitarios solo estarán al alcance de los profesionales que los necesiten para nuestra asistencia. Nadie más podrá acceder a ellos sin previa autorización y nuestra historia clínica reflejará qué personas han accedido a nuestros datos.
¿Qué ocurre si la persona enferma no tiene capacidad de hecho o consciencia para comprender la información clínica o para tomar decisiones?
En ese caso, quienes recibirán la información y tendrán la responsabilidad de tomar decisiones en su lugar, serán las personas que haya designado como representantes en el DVA (Documento de Voluntades Anticipadas).
En caso de que no haya realizado el DVA, serán por este orden:
- Quien ostente su representación legal.
- El cónyuge o la pareja unida con la persona enferma de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que viniera conviviendo con ella o que no hubiera iniciado un proceso de separación o divorcio.
- Los familiares de grado más cercano, y, dentro del mismo grado, el de mayor edad. d. En última instancia, quienes decidan las autoridades judiciales.
Los datos sanitarios de todas las personas sean mayores o menores de edad, son confidenciales.
No obstante, cuando nos referimos a menores de 16 años, sus datos también están disponibles para quienes tengan la patria potestad o la tutela, los cuales tienen la obligación de utilizarlos en beneficio de la persona menor de edad.
Una vez que cumplen los 16 años, sus responsables legales no podrán acceder a sus datos sanitarios, salvo excepciones: si el menor no tiene la madurez suficiente, o si se trata de un caso de gravedad para su salud o su vida. En estos casos, sus responsables legales sí podrán acceder al historial clínico.
Sí. Si tu deseo es que nadie de tu entorno conozca cuál es tu situación sanitaria o qué decisiones tomas respecto a tu salud y tu vida, tienes derecho a que se mantenga tu privacidad por encima de todo. Para ello, es fundamental que lo comuniques al personal sanitario que te atiende, para que incluya esta cuestión en tu historial médico y se garantice que todo quede entre tú y el personal sanitario.
Sí. La ley reconoce el derecho a rechazar cualquier intervención, ya sean pruebas para el diagnóstico o un tratamiento que proponga el personal médico, incluso si ello puede poner en riesgo la vida. Igualmente se puede solicitar que se interrumpa un tratamiento ya iniciado.
También se pueden rechazar cirugías y los medios destinados para mantener la vida: respiración mecánica, alimentación artificial, diálisis, antibióticos o cualquier otra medida que mantiene una función vital, pero no cura la enfermedad.
El rechazo para someterse a una intervención o tratamiento es una decisión fundamental que se debe tomar de manera libre y consciente, tras haber recibido la información necesaria. El personal médico debe respetar la voluntad del paciente de no someterse a dichos procesos, o de paralizarlos en caso de que ya se hayan iniciado. Igualmente, las personas que se encuentren en el proceso del final de su vida tienen derecho a revocar libremente y por escrito el consentimiento informado dado con anterioridad.
El rechazo, firmado por la persona interesada, se recoge en un documento que se incorpora a la historia clínica. En caso de que la persona enferma no pueda firmarlo, lo suscribirá en su lugar un testigo o el representante que se haya nombrado en el DVA.
En una situación de urgencia con un paciente inconsciente o no capaz por la razón que sea, el objetivo del personal sanitario será estabilizar a la persona. Solo cuando el pronóstico esté claro se podrá aplicar el rechazo a tratamientos.
Además, excepcionalmente hay tratamientos que pueden ser obligatorios por motivos de salud pública.
Si ha elaborado su DVA y ha manifestado cuál es su voluntad en ese sentido, el personal sanitario deberá respetarla. Si no está clara su voluntad respecto a esta cuestión, sus representantes (si hubiera) serán quienes manifiesten el rechazo al tratamiento y ayuden a interpretar el DVA.
Ante la ausencia de DVA, las personas a las que corresponde tomar una decisión deberán pensar qué es lo que desearía si pudiera expresarse de manera consciente, en función de su manera de pensar, criterios y valores, y decidir en consecuencia. Si su voluntad hubiese sido rechazar un tratamiento, o interrumpirlo, las personas allegadas deberán expresarlo así al personal sanitario. Si el personal médico fuera contrario a tal decisión, siempre cabe la posibilidad de acudir al juzgado de guardia (también lo puede hacer el propio equipo médico).
La negativa a recibir una intervención o tratamiento, o la decisión de interrumpirlos, no supondrá menoscabo alguno en la atención sanitaria de otro tipo.
El rechazo de un tratamiento o intervención no implica la renuncia a la atención sanitaria, en especial a la aplicación de medidas y tratamientos que palían el sufrimiento, alivian el dolor y otros síntomas, y, en definitiva, hacen más digno y soportable el proceso final de la vida.
Es una decisión médica para no iniciar, retirar o ajustar las medidas de mantenimiento de la vida cuando se percibe una desproporción entre dichas medidas y los fines a conseguir.
Supone aceptar que la enfermedad es irreversible y que resulta conveniente abandonar los tratamientos que pretenden prolongar la vida. Se mantienen únicamente las terapias necesarias que permiten garantizar el máximo bienestar de la persona enferma. Hablamos de personas, incluidas las menores de edad, en situación terminal, o de agonía, o afectas de una enfermedad grave e incurable, a las que únicamente se está prolongando su vida sin posibilidades reales de mejoría o recuperación.
La decisión de adecuar o limitar el esfuerzo terapéutico es competencia del personal médico, una vez que haya informado del objetivo que se quiere conseguir y de que la persona afectada o sus representantes hayan dado su consentimiento.
Cuando los tratamientos son inútiles, la adecuación del esfuerzo terapéutico se considera una buena práctica médica desde el punto de vista clínico, ético y jurídico.
¿Qué ocurre si la persona enferma no tiene capacidad de hecho o consciencia para comprender la información clínica o para tomar decisiones?
En ese caso, quienes recibirán la información y tendrán la responsabilidad de tomar decisiones en su lugar, serán las personas que haya designado como representantes en el DVA (Documento de Voluntades Anticipadas).
En caso de que no haya realizado el DVA, serán por este orden:
- Quien ostente su representación legal.
- El cónyuge o la pareja unida con la persona enferma de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que viniera conviviendo con ella o que no hubiera iniciado un proceso de separación o divorcio.
- Los familiares de grado más cercano, y, dentro del mismo grado, el de mayor edad. d. En última instancia, quienes decidan las autoridades judiciales.
Estaríamos ante lo que se conoce como obstinación o encarnizamiento terapéuticos: iniciar o empeñarse en mantener unas medidas y técnicas que se utilizan para mantener con vida a la persona enferma, al margen de consideraciones sobre el nivel de calidad de esa vida. Se trata del uso de medicamentos, respiradores, alimentación artificial forzada, reanimaciones, etc., que, dado el pronóstico, resultan inútiles y desproporcionados porque no logran revertir la enfermedad y tienen por objeto únicamente que la persona enferma permanezca con vida.
Si se diera el caso de que la persona que afronta su final de vida no tuviese capacidad para decidir y se viera sometida a medidas de soporte vital decididas por el personal médico, en su empeño por prolongarle la vida por encima de todo, sus personas allegadas o sus representantes legales podrían acudir a la vía judicial. Además, si en su DVA se recoge en qué casos se desea que no se prolongue el esfuerzo terapéutico, el personal sanitario está obligado a respetarlo.
No. Claramente no tienen nada que ver entre sí.
La eutanasia, es una práctica médica para provocar la muerte a una persona que ha solicitado la ayuda para morir, después de que se ha comprobado que cumple todos los requisitos que marca la ley. La persona muere por los fármacos que se le han suministrado para ello.
Como ya se ha comentado, la adecuación del esfuerzo terapéutico es dejar a un lado prácticas inútiles y adoptar las medidas necesarias para que la persona enferma y las de su entorno sientan el mayor bienestar posible en la fase final de la vida. El objetivo no es provocarle la muerte, aunque pueda acortar el periodo de vida.
Son intervenciones clínicas no curativas que se aplican a las personas que presentan enfermedades graves, incurables e irreversibles, cuando los tratamientos curativos ya no son eficaces. El objetivo de los cuidados paliativos no es curar sino prevenir o aliviar el sufrimiento, el dolor y otros síntomas físicos y psíquicos y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas y de quienes les cuidan. Por eso, no se aplican solo a los estados terminales y algunas personas enfermas pueden recibir cuidados paliativos durante meses o años.
Los equipos hospitalarios que trabajan en cuidados paliativos suelen incluir profesionales de diferentes áreas sanitarias: además de personal médico y enfermería, suelen incluir auxiliares, asistentes sociales, psicólogos/as, fisioterapeutas, etc.
A las personas con una enfermedad incurable y progresiva, que padecen un sufrimiento que se considera que estará presente hasta el final de su vida.
Toda la ciudadanía tiene derecho al alivio del sufrimiento. Incluso quien ha rechazado un tratamiento del que dependa su vida tiene derecho a que le traten el dolor, la angustia y la agitación.
Cualquier persona enferma (o una persona allegada si la enferma lo requiere) que crea estar en una situación necesitada de cuidados paliativos, debe ponerse en contacto con su médico de atención primaria o de otra especialidad, quienes valorarán la adecuación y tipo de cuidados paliativos que deberían aplicarse.
La decisión puede ser del médico o médica de atención primaria, o de cualquier otra especialidad. Además, ellos/as valorarán si los cuidados paliativos se pueden facilitar en el domicilio del paciente -o en la residencia de mayores, en su caso- o si se necesita la intervención de unidades específicas de cuidados paliativos hospitalarias.
En el caso de que los cuidados paliativos se apliquen en una residencia de mayores, Osakidetza y el centro deben coordinarse para garantizar la asistencia que precise la persona enferma en todo momento.
La mayoría de las aseguradoras privadas no ofrecen asistencia paliativa domiciliaria. En ese caso, se recomienda acudir al centro de salud público que corresponda y solicitar que le asignen un médico o médica de familia a quien poder solicitar los cuidados paliativos domiciliarios.
No. Los cuidados paliativos son más amplios, aunque incluyen la sedación cuando sea necesario.
Los cuidados paliativos son un conjunto de medidas que se pueden adoptar para que la persona en situación de enfermedad incurable y progresiva, en estado avanzado (y también en estado terminal) transite por su última etapa de vida de la manera más confortable posible y de acuerdo con sus necesidades y deseos. Como ya se ha indicado, pueden aplicarse durante poco tiempo, o durante meses o años antes del fallecimiento.
La sedación es solo una de las medidas posibles que se pueden tomar en cuidados paliativos. Consiste en la administración de fármacos para producir la pérdida de consciencia de una persona. Se utiliza sobre todo cuando el paciente presenta uno o más síntomas refractarios, que son aquellos que no se pueden controlar con los tratamientos adecuados y en un plazo de tiempo razonable (dolor, dificultad respiratoria, angustia existencial…).
En cuidados paliativos, se utilizan dos tipos de sedación: la sedación paliativa y la sedación terminal.
Sedación paliativa es la administración de fármacos para reducir la consciencia de una persona con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios. Esta sedación puede ser continuada en el tiempo o intermitente y puede ser superficial o profunda.
Sedación terminal es la administración de fármacos para producir una disminución profunda, continuada y previsiblemente irreversible de la consciencia de una persona cuya muerte se prevé muy próxima, con la intención de aliviar su sufrimiento físico o psicológico. La sedación terminal puede ser administrada por cualquier médico/a que haya recibido formación para ello.
En principio, cualquier persona que esté en el final de la vida puede solicitar la sedación terminal para sí misma y, si no es capaz de hacerlo, sus personas allegadas pueden también solicitarla. Ahora bien, como ya se ha comentado, la decisión sobre la conveniencia de su aplicación depende exclusivamente del personal médico.
Existen criterios médicos para aplicar la sedación terminal. Por ejemplo, no la recomiendan si la previsión de muerte natural supera las dos semanas, o si no se han agotado las posibilidades de alivio de un sufrimiento refractario. La decisión del equipo médico de ajustarse más o menos a estos criterios puede dar lugar a denegaciones de sedación terminal, aunque la persona esté sufriendo.
Si no se aceptara una petición de sedación terminal, se podría dejar constancia de la solicitud por escrito, o bien solicitar una segunda opinión médica y siempre se podrá recurrir a la vía judicial.
Sí. Toda intervención realizada en relación con los procesos de atención integral al final de la vida exige el previo consentimiento libre e informado de la persona en cuestión, en el supuesto de que esté en capacidad de darlo.
Quienes tienen la responsabilidad de solicitar y dar el consentimiento para la sedación serán las personas que haya designado como representantes en el DVA.
En caso de que no haya realizado su DVA, serán por este orden:
- Quien ostente su representación legal.
- El/a cónyuge o la pareja unida con la persona enferma de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que viniera conviviendo con ella y que no hubiera iniciado un proceso de separación o divorcio.
- Los familiares de grado más cercano, y, dentro del mismo grado, el de mayor edad. d. En última instancia, quienes decidan las autoridades judiciales.
Sí. La solicitud de eutanasia es compatible con los cuidados paliativos. Cualquier persona que haya solicitado ayuda para morir mediante la eutanasia, puede recibir toda la asistencia paliativa que necesite para aliviar su sufrimiento, mientras dure el proceso de resolución de la solicitud, incluida la sedación terminal si fuera necesaria.
Los cuidados paliativos no pueden asegurar un alivio suficiente del sufrimiento en todas las personas y durante todo el tiempo de desarrollo de una enfermedad de gravedad y, como ya se ha comentado, la sedación terminal solo se aplica en situaciones muy próximas al final de vida (días o pocas semanas).
Por otro lado, algunas personas consideran que el nivel de sedación paliativa que necesitan para evitar el sufrimiento no es compatible con su idea de vida digna.
La ayuda para morir mediante eutanasia es una alternativa para personas con patologías muy graves que generan gran sufrimiento físico o psicológico, que no se pueden aliviar de forma satisfactoria con los tratamientos existentes.
